lunes, 5 de noviembre de 2012

ENRIQUE QUIÑONES, DEFRAUDADOR DE LA COMUNA ATOYAQUENSE: CONGRESO LOCAL

Por Jorge Falcón


 * En tramposa compra-venta, Quiñones Salinas, afecta el patrimonio atoyaquense.
 * Pasado cabildo, responsable de ejercer una “autorización” ilegítima.

Atoyac de Álvarez, Guerrero, 04 de noviembre.- Para que en cualquiera de una de las administraciones municipales en el Estado de Guerreo, se  proceda a la baja o venta de chatarra (unidades automotrices, muebles u otros enseres), se requiere no tan solo la aprobación del cabildo, sino la conformidad y consentimiento del Congreso Local; pues son equipos propiedad de la nación. Para hacerlo se realiza mediante un proceso administrativo que lleva tiempo y forma. Además los favorecedores de esta venta, no deben ser trabajadores directo de la comuna; menos tener un grado de consanguinidad, con el titular de la comuna. Y tal parece que, se incurre en los dos apartados, en el caso que se detalla.
Tanto el ex presidente municipal Carlos Armando Bello Gómez, como su cabildo, como el abogado apoderado de esa administración pasada, se encuentran en un brete jurídico, al aprobar de manera engañosa y  “fast track”, la baja y venta (sin que haya mediado la aprobación y certificación de la pasada  XLIX legislatura), destaca el documento que arroja en uno de sus puntos, el estado que guarda hasta el momento la administración municipal de Atoyac de Álvarez, Guerrero.
De acuerdo a los hechos que se vienen ocurriendo antes y durante la entrega recepción de cada una de las oficinas de esta comuna; Jesús Enrique Quiñones Salinas, “compró” unidades automotrices aún en condiciones de operar mecánicamente; otras, sin refacciones pero en buen estado, con tiempo de vida. Además unidades automotrices las convirtieron en chatarra, en complicidad con el cabildo en pleno -a excepción de la regidora Norma Mesino-, se completó la estafa.

Del parque vehicular registrado en 81 unidades automotrices, solo dejaron 36; de las cuales, el 90 por ciento está en buenas condiciones, no así un tractor, una ambulancia y un carromato de bomberos, a los cuales ya les dieron corte con soplete. El benefactor de esa comercialización ilícita, un  tal Enrique Quiñones Salinas, con el alias del “Pikin”, tendrá que responder a los requerimientos que se le imputan en la compra-venta ilegal, que en breve le solicitará la LX Legislatura, para que se proceda a su devolución inmediata o se sancionará de acuerdo a la Ley.
El contralor del ayuntamiento atoyaquense, víctima de amenazas veladas, telefónicas y de interpósita persona, tienen su origen en las irregularidades encontradas en cada punto de pérdida, de la administración pasada.



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